Ayer Uruguay, en su Cámara de Senadores, debatió el pasado. Un pasado de terror que vivió entre 1973 y 1985, en el periodo de la dictadura militar que asoló al país. Este pasado, pese al hecho de quedarse cada vez más lejano, todavía deja una gran herida en la sociedad: la impunidad de los responsables por los crímenes cometidos en esta época.
Lo votado y aprobado ayer por los senadores del Frente Amplio, la eliminación de la prescripción de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura (que podría entrar en vigor a partir del 1 de noviembre) y el restablecimiento del pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para estos delitos, devuelve a Uruguay condiciones de cicatrizar la herida que significa, actualmente, la no punición de los genocidas de la dictadura. Solo las "cabezas" del régimen, como los dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, fueron punidas.
Ahora faltará que Diputados corrobore la decisión de la mayoría de senadores, dando el último paso antes de que la justicia pueda empezar a investigar todos los abusos perpetrados por la Junta Militar que gobernó Uruguay durante doce años.
La oposición, que votó en contra del proyecto que acabó con la prescripción de los crímenes de la dictadura, tenía como principal argumento el hecho de que los uruguayos, en referendo, por dos veces, ya habían rechazado que los represores de la dictadura pudiesen ser juzgados.
Desde el Partido Nacional y del Partido Colorado se dice que volver a este tema es ir en dirección contraria a la democracia y la voluntad del pueblo.
De modo simplista se podría dar razón a la oposición. Al fin y al cabo, las veces en que los uruguayos fueran consultados a respecto del tema, decidieron mantener la Ley de Caducidad, aprobada por la neófita democracia uruguaya en 1986, que blindaba los juicios a los genocidas.
Entretanto, es deber del Estado llevar a cabo acciones que, aunque no teniendo respaldo popular, establezcan la justicia, que no puede estar a merced de mayorías o minorías. Esta obligación debe ser cumplida, incluso, por una cuestión internacional, ya que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos instó a Uruguay a juzgar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura.
Volver al pasado es esencial cuando el pasado todavía rebota en el presente. Quienes hacen parte del presente uruguayo deben ser sensibles para no permitir que el olvido sea recordado como la principal herencia de la dictadura militar. Los más atroces asesinos y torturadores que tiñeran de sangre y horror al país y quienes sufrieron en sus manos no se lo merecerían.
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