Entretanto, el caso Venegas pone en evidencia la discriminación manifiesta que la Carta Magna impone a los no nacidos en Uruguay. Pocos países exigen un periodo tan largo de tiempo para un naturalizado poder ser ministro o legislador. En la mayoría de los países sudamericanos este derecho el naturalizado lo tiene inmediatamente tras lograr la ciudadanía. En muchos Estados europeos para puestos en la política local ni siquiera se demanda que el ciudadano nacido en otro país sea naturalizado.
Si diez años para que un naturalizado pueda ser ministro o legislador es injusto de por sí, lo es aún más tratándose de un país de inmigrantes y emigrantes, como es Uruguay.
Pese a esto, contra la Constitución no se puede pelear y Venegas debe abandonar su puesto lo más pronto posible, sin esperar por el obvio veredicto de la Corte Electoral. Un notorio caso en que la ley no va de la mano de la justicia.
