Uruguay se ha tornado en el décimo segundo país en el mundo y el segundo en
América Latina que altera su código civil para permitir el matrimonio entre
personas del mismo sexo. El país se pone así al frente de muchas naciones de
gran desarrollo, en el pasado llamadas de primer mundo, como EEUU, Italia,
Alemania, Austria, Suiza y Australia, que todavía no han llegado a un consenso
político sobre la importancia de dar a los homosexuales el derecho a casarse.
El matrimonio igualitario es un gran paso adelante de Uruguay hacia lo
civilizacional, pues legitima la naturaleza de los que sienten atracción por
personas del mismo sexo, dándoles los mismo derechos que tienen la mayoría de
la población, los heterosexuales. Además, el matrimonio igualitario genera un
efecto muy fuerte hacia la normalización de la homosexualidad en la sociedad.
Los prejuicios hacia el colectivo de homosexuales seguirán existiendo, pero a partir
del momento en que el Estado acaba con las desigualdades ante las leyes, las
discriminaciones tienden a sufrir un descenso mucho más fuerte que si el Estado
continuase manteniendo una posición también discriminatoria.
Particularmente, creo que el matrimonio es una figura jurídica trasnochada.
Pero discutir el lugar del casamiento en la sociedad en términos genéricos
tiene poco sentido en el marco de la discusión a respecto del matrimonio
igualitario. Seguramente, muchos homosexuales que no tienen intención de
casarse están tan contentos con la ley como los que sí la tienen. Aquí más
importante que el matrimonio es la igualdad que la ley propicia y,
fundamentalmente, simboliza.
