En el ámbito del mayor enfrentamiento entre poder político y poder mediático que, quizá, ha habido en la historia de la Argentina (en anteriores periodos de conflictos, como el que marcó la queda de Arturo Illia en 1966 o la penosa agonía de los últimos años del gobierno de Raúl Alfonsín, la correlación de fuerzas era muy desigual contra el poder político y este jamás pudo plantar cara al poder mediático) el fallo de la Suprema Corte fue muy regocijante para el gobierno. Pero el sí a la constitucionalidad de la ley en su totalidad representa un triunfo que trasciende el kirchnerismo.
Primero, la composición de la ley no salió solamente de los despachos gubernamentales. Fue fruto de un gran debate público. Quizá el mayor a respecto de una ley, que tuvo la singularidad de ser una “ley anotada”, es decir, con los porqués y orígenes de sus artículos. Algo que solo ocurrió en la Argentina con el Código Civil de Vélez Sarsfield.
(Incluso el más importante detractor mediático del gobierno, Jorge Lanata, en su momento apoyó la ley. Y ya es célebre la edición de su programa Después de Todo, en Canal 26, en 2009, en que desglosa toda la concentración de medios que tiene el grupo para el cual trabaja hoy, Clarín).
Segundo, la ley fue votada por un abanico de fuerzas políticas que rebasó las fronteras kirchneristas. Tuvo 147 votos a favor, de los cuales 103 provinieron del Frente para la Victoria y 44 de otros armados políticos.
Tercero, esta ley sustituye la ley de medios de la última dictadura. Siendo que otros intentos de aprobar leyes que regulasen los medios en democracia, en los gobiernos de los radicales Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, fueron abortados.
Cuarto, su existencia, posibilitando el debilitamiento de imperios mediáticos en la Argentina, será funcional no solo para el actual gobierno (este ni va a aprovechar mucho del hecho, pues solo faltan dos años para su fin). Será de gran valía para cualquier otro gobierno que venga a posteriori, pues sacará el gran peso que tiene en particular el grupo Clarín y su CEO Héctor Magnetto, que en las últimas décadas se han comportado como si fuesen los dueños de la Argentina, como sintió muy bien en la piel aquel gran demócrata que fue Raúl Alfonsín.
Quinto, la Ley de Medios podrá generar (según el presidente del AFSCA, Martín Sabatella, ya está generando) muchos más puestos de trabajo en los medios. Por ende, habiendo más puestos laborales en los medios, tal vez, haya un grado mayor de independencia de sus periodistas, que no estarían tan presionados, por haber más opciones de trabajo que las que hay hoy, a no ir en contra, mientras hagan su trabajo, del interés de las empresas para las cuales trabajen.
Sexto, la Ley de Medios podrá servir como gran referencia en otros países de Sudamérica. Uruguay, por ejemplo, ya ha tiene confeccionada una ley de medios, que será, brevemente debatida en su parlamento.
Estos factores (quizá haya otros que se me han escapado) hacen que la Ley de Medios vaya más allá del kirchnerismo. Ahora, con uno de los puntos claves de la ley, la desinversión, ya avalado por el SCJ (pues los demás ya habían sido considerados constitucionales antes), le toca al gobierno su aplicación.
En varias cosas el gobierno ya podría estar aplicando la ley y no está. Como el reparto equitativo de la pauta oficial y la transformación de los canales estatales, como Canal 7 y Radio Nacional, en verdaderos canales públicos. Otros, como la división de los medios en tres partes iguales, públicos, cooperativos y privados, son más difíciles, pero nada fue puesto marcha en este sentido.
Pero lo más importante es que haya un instrumento de regulación de los medios totalmente convalidado en términos constitucionales, lo que le da una gran legitimidad. Esto es lo estructural. Su aplicación, diría, es lo coyuntural.
