En democracia, como en el deporte, saber perder es fundamental. El respeto a las reglas de juego democrático atañe reconocer las derrotas, tanto en el plano electoral, como en el ámbito parlamentario.
No es así que se comporta el PP. El partido de la gaviota parece tener en su pose las “escrituras sagradas” de España. Los de la calle Génova si creen en la democracia piensan que son dueños de ella.
Cualquier cosa que va en dirección opuesta a sus dogmas tiene como respuesta una total deslegitimación del PP.
Así fue con el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, con la asignatura Educación para la Ciudadanía y con la nueva Ley del Aborto, que han tenido que ir al Tribunal Constitucional – éste sí sin legitimidad operacional, en razón de los mandatos caducados de muchos de sus miembros – tras sendos recursos presentados por el PP contra estas leyes.
Ahora la saña del PP es contra la prohibición de la corrida de toros en Cataluña, aprobada por la mayoría de los representantes del pueblo catalán. Queriendo pasar por encima de los principios de autonomía de las comunidades nacionales y regionales el PP quiere que sea aprobada una ley que impida la potestad legislativa en este asunto, en razón de su carácter supuestamente “cultural y turístico”, y que tendría como efecto la derogación de la ley antitaurina catalana.
Sería como un equipo pedir la anulación del reglamento de un campeonato en que ha salido derrotado, y que éste sea jugado de nuevo.
Si hay temas que deben ser respetados en lo que se refiere a las facultades de las comunidades autónomas son aquellos que solamente tendrán influjo en la propia comunidad autónoma.
Es diferente del reparto de los impuestos para una comunidad autónoma, que tendrá impacto en todas las otras, por ejemplo.
Para colmo, el PP aun peca por la incoherencia, ya que nunca ha protestado contra la prohibición de la corrida de toros en Islas Canarias – que en su momento, incluso, tuvo su apoyo.
Que los diputados del PSOE no se arrodillen ante los del PP cuando la proposición de ley taurina sea votada en el Congreso. Sería más un golpe a la democracia catalana, y, por ende, a la democracia española, pues una pertenece a la otra.
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