La decisión del Ministerio de Salud Publica de Uruguay de obligar a que los anestesistas trabajen en los hospitales públicos en razón del gran atraso en la realización de cirugías por la carencia en el número de estos profesionales en una primera lectura puede ser visto como un ataque a la libertad individual.
Entretanto, lo que está en juego va más allá de la libertad que uno tiene en incorporarse o no en un trabajo. Las vidas que dependen de los profesionales de medicina hacen que estos tengan un deber cívico ante la población.
La responsabilidad de los médicos se torna ineludible principalmente porque la formación que la mayoría que estos adquieren es gracias a lo que aportan los uruguayos por medio de sus impuestos, ya que el grueso de los médicos es recibido por la Universidad de la República (UDELAR)
Los ingresos que el país destina para la UDELAR debe tener como contrapartida de la parte de sus egresados una mínima solidariedad hacia el pueblo.
En el futuro, claro, otras medidas deberían ser tomadas, como una mejor remuneración para los anestesistas en los hospitales públicos y, fundamentalmente, que haya más ingresados en la facultad de medicina de la UDELAR, con una flexibilización en el cupo para los anestesiólogos, que está creando una reserva de mercado de la cual se aprovechan los anestesistas estableciendo topes salariales que solo las mutuales pueden colmar.
De momento, la ley de emergencia sanitaria es lo único que se podría hacer para evitar el caos en el sistema público de salud oriental.
Hay situaciones en que el derecho de unos termina cuando empieza el derecho de otros.
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