ABORTO LEGAL

Uruguay es hoy un país más humano. Un país con más libertad. Un país menos hipócrita. Un país donde los respetables pensamientos de unos no invadirán las voluntades ajenas. Un país donde abdicar de llevar a cabo un embarazo, independientemente de la razón que sea, no será más crimen.  

Este 17 de octubre de 2012 entrará para la historia de los derechos civiles de Uruguay, un campeón en esta materia en las primeras décadas del siglo pasado, bajo las presidencias de José Batlle y Ordoñez y Claudio Williman, con leyes como el matrimonio civil, el divorcio y la separación de la iglesia del Estado.

Con la despenalización del aborto hasta las doce primeras semanas de gestación, después de la ley haber sido finalmente aprobada tras un largo proceso legislativo y sin el riesgo de veto del presidente José Mujica, como ocurrió en 2008, cuando Tabaré Vázquez vetó esta ley, Uruguay se torna uno de los pocos países de América Latina con una ley de plazos para el aborto libre. Hasta ahora, solo Cuba y Ciudad de México tenían una ley del género. De estas pocas naciones, justamente Cuba y Uruguay son las que pueden ser consideradas las más laicas.

Ojalá, otros países de la región diesen este paso en los próximos tiempos. Pero, de momento, solo en Argentina hay una presión política y popular de peso para despenalizar el aborto. El problema es la presidente Cristina Fernández, que, al contrario de su grupo político, no ve con simpatía la despenalización.

Muchos de los que están en contra del aborto dicen estar a favor de la vida. Cada persona es libre de pensar como quiera y tiene su propia visión del mundo. El problema es que, con la ilegalización del aborto, esta visión es impuesta a los demás. La despenalización hace con que cada mujer actúe de acuerdo a lo que crea que es mejor para su vida.

La ciencia ya ha probado que hasta los primeros meses de embarazo el feto, por su poco desarrollo, no puede ser considerado como un ser humano. Su inexpresivo sistema nervioso ni haría que este sintiera dolor durante el aborto.

Además, todos sabemos que la ilegalización del aborto no lo impide. Lo que sí genera es la desigualdad entre mujeres con dinero, que pueden pagar por una segura clínica para interrumpir su embarazo, aunque de modo clandestino, y otras, que con pocos recursos, no se les queda otra que recurrir a sitios que ofrecen pocas condiciones para la realización de una operación quirúrgica.

La despenalización del aborto hace con que el Estado uruguayo mire a los ojos de sus ciudadanas y que no las deje abandonadas si la opción de no querer tener un hijo es la que consideran la más adecuada. Es decir, el Estado se exime de hacer juicio de valores en un tema muy personal y del cual nadie puede ser el dueño de la razón.