No podría haber sido mejor el juicio del Tribunal de La Haya a respecto del diferendo que tenían Argentina y Uruguay sobre la papelera UMP.
Hace mucho tiempo se sabe que la empresa finlandesa con producción ubicada en las orillas del Río Uruguay en la ciudad oriental de Fray Bentos no traía significativos problemas para sus aguas y para el medio ambiente en general. Incluso estudios argentinos, como el da Universidad de Buenos Aires y del Instituto Tecnológico Nacional, corroboran esto.
Entretanto, es cierto que Uruguay no cumplió con sus deberes de “socio” con su vecino. Para no tener el riesgo de perder la inversión de los finlandeses en su territorio, no tuvo dudas en meter el Tratado del Río Uruguay de 1975 en el cajón.
Por esto, que el Tribunal haya advertido Uruguay por este acto, pero que, a la vez, no pida la retirada de la papelera no significa que uno de los dos tenga absoluta razón.
La pregunta sería qué es peor. El lado uruguayo, que no comunicó al vecino, con cual comparte río y tratado sobre ello. O el argentino, que, insistentemente, pisó tierra en argumentos (la contaminación del río) que nunca pudieran ser probados de hecho. Principalmente los asambleístas de Galeguaychú, que hasta hoy paralizan la puente San Martín, que une los dos países. Pero también el gobierno argentino, que fue y sigue siendo connivente con ellos.
Entretanto, más importante que esta cuestión casi bizantina, lo importante es analizar el juego de doble vara de medir de las autoridades de Argentina y de parte de su sociedad, principalmente la prensa.
Muchos de los que han hecho ruido sobre los supuestos daños de la papelera poco o nada han hecho sobre las megas minerías en las provincia de San Juan, Santa Cruz, Catamarca. Además de La Rioja y Salta, con proyectos en curso.
En total, entre las ya instaladas y las que serán, serían cerca de 150 minerías al cielo abierto funcionando en Argentina.
Las megas minería al cielo abierto exigen para su funcionamiento 300.000 metros cúbicos de agua potable al día, que, por su vez, contaminada con tóxicos y metales pesados, como cianuro - del cual es usado nada menos que 10.000 toneladas – y ácido sulfúrico, aplicados tras la voladura de las montañas, termina yendo parar en acuíferos y ríos.
Por ende, el riesgo de efermedades de las poblaciones donde se ubican las minerías aumentaría exponencialmente. Así como se verificaría una escasez de agua potable.
Las minerías al cielo abierto han empezado su vía libre desde los 1990, en el gobierno de Carlos Menem, con la concesión de exenciones y ventajas fiscales para las empresas multinacionales que las explotarían, como la deducción de 100% en la inversión en el impuesto a las ganancias.
Ninguno de los gobiernos que han sucedido al riojano han tenido el más mínimo reparo con estas minerías. Por el contrario. Nestor Kirchner, incluso, declaró en su mandato que ellas serían un objetivo estratégico para el país.
No por casualidad, la multinacional de mayor envergadura en el sector, la canadiense Barrick Gold, fue unas de las mayores donadoras de la campaña electoral de la actual presidenta Cristina Kirchner, que, en cambio, vetó la Ley de Glaciares, del diputado Fernando Solanas, que impediría este tipo de emprendimiento al menos en los glaciares argentinos.
Mientras muchos continúan haciendo una borrasca en un vaso de agua por UPM, las mega minerías continúan su camino libre hacia sus millonarias ganancias, a cambio de los efectos perversos de sus explotaciones para el medio ambiente y para la salud de los pueblos que conviven con ellas.
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