CATALUÑA Y KURDISTÁN

Quiso la coincidencia de la historia que Cataluña y el Kurdistán hubiesen llevado a cabo consultas de autodeterminación en fechas muy cercanas. Uno el 1 de octubre y el otro el 26 de septiembre.

Otro hecho en común entre ambos es que sus votaciones fueron realizadas a margen de la legalidad de los Estados de los cuales hacen parte y de los cuales sus promotores quieren separarse. Tanto España como Irak las rechazaron de plano. Asimismo, tanto en el Kurdistán como en Cataluña no hubo un censo propiamente dicho por la total oposición de Bagdad y Madrid.

Pero hay grandes diferencias entre el Kurdistán y Cataluña. La principal es que el primero tiene más control administrativo y judicial del territorio y, principalmente, un ejército propio, el Peshmerga. Cataluña no. Tanto que mientras en el Kurdistán su plebiscito tuvo lugar sin ningún tipo de medida de fuerza de parte del gobierno central iraquí, siendo realizado pacíficamente, el referéndum de Cataluña fue realizado en medio a un gran despliegue de las fuerzas de seguridad españolas que tenían la orden de cerrar los colegios electores, generando casi 900 heridos e imágenes de violencia poco comunes en una democracia europea.

Tener una defensa propia hace con que al menos el Kurdistán pueda pelear por la independencia, pese a las complicaciones que podría tener si esa llegase a ser efectiva, puesto que sus vecinos Irán y Turquía y, claro, el propio Irak, prometen ejercer una gran hostilidad en su contra, cerrando el espacio aéreo y el comercio.

Además, no es un simple ejército el que tienen los kurdos. El Peshmerga es de las fuerzas que más han contribuido para que el temido Ejército Islámico esté siendo derrotado en territorios de varios países de la región en que está instalado y que también tienen poblaciones kurdas.

Ya Cataluña, aunque sea mucho más desarrollada que el Kurdistán, no tendría ninguna posibilidad de reaccionar ante España si esta quiere, como es casi seguro, impedir su independencia en caso de que sea proclamada. No tiene nada más que su policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, que, aun así, salvo una rebelión, tendrían que seguir las órdenes del gobierno de España.

Adicionalmente, aunque fuera posible, cualquier conflicto armado sería, seguramente, demasiado para el pueblo catalán. Diferentemente del pueblo kurdo, acostumbrado a guerras, los catalanes no cambiarían la paz y su relativo bienestar por una guerra independentista (al menos de momento).

Otra significativa distinción es que la sociedad catalana es mucho más dividida que la kurda a respecto de querer la secesión. Solo algo más de la mitad del Parlament es compuesto por separatistas, aunque el independentismo pueda haber crecido en los últimos días, tras la represión del Estado español en el día del referéndum y en sus días previos. En el Kurdistán hay claramente una gran mayoría independentista. Casi todo el parlamento kurdo es formado por separatistas.

En términos de apoyos internacionales, los kurdos también presentan una ventaja ante los catalanes. Israel le da respaldo. Puede ser muy poco ante tanto rechazo de sus vecinos. Pero mucho a respecto de Cataluña, que no tiene el apoyo abierto de ningún país. Solo tiene la simpatía de muchos de los pueblos del mundo, principalmente de la izquierda global (a despecho de que el movimiento independentista catalán sea ideológicamente transversal). Y lo principal a respecto del tema. Para Cataluña la independencia supondría un duro varapalo, la salida automática de la UE. Puesto que como nuevo Estado europeo, Cataluña tendría que pedir su adhesión, que solo sería aceptada si hubiese unanimidad entre sus miembros. Algo inimaginable. Al menos a corto plazo.

Es difícil imaginar cuál será el desenlace de los dos casos. Pero teniendo en cuenta los resortes de cada uno, es mucho más probable que los independentistas kurdos logren su objetivo mucho antes de que los catalanes. Si es que un día un día estos alcancen el suyo.

EL DISCURSO DEL REY

Muchos pedían un pronunciamiento del rey Felipe VI a respecto de la cuestión catalana. Y ayer lo hizo. Su contenido fue recibido de modo distinto por formadores de opinión y políticos.

En general, los que hacen hincapié en que la ley está por encima de todo (incluso de un pueblo que, literalmente, llena calles y plazas) estuvieron de acuerdo con el discurso del monarca, por creer que él demostró firmeza al hacer un llamamiento directo al Estado de derecho y a la unidad territorial de España (quiza, avalando con eso la aplicación artículo 155 de la constitución, que suspendería el autogobierno catalán).

Mientras los mal llamados equidistantes (catalanes o no) y los favorables al "procés" estuvieron en contra, por la supuesta dureza de Felipe VI, que podría generar aún más enfado en Cataluña contra España, por no pedir diálogo o negociación entre los bandos enfrentados y, principalmente, por no haber dicho nada a respecto de la violencia desproporcionada de las fuerzas de seguridad contra quienes votaron en el 1-O.

La verdad es que nadie podría esperar que el rey pudiese ayudar a apaciguar el conflicto. Esto no se trata de un 23-F. Aceptándose la historia oficial sobre el golpe que intentó dar Antonio Tejero en el Congreso de Diputados, había claramente unos buenos y malos en la cuestión. Demócratas contra golpistas. Era muy claro lo que debería hacer el padre de Felipe VI, el rey Juan Carlos. Estar incondicionalmente a favor de la democracia. El 1-O y todos los demás Os que vendrán suponen un choque de legitimidades que, a su modo, se amparan en la democracia. Sea de quien la justifica por estar al lado de la ley. Sea de quien la justifica por estar al lado de una mayoría popular.

De alguna manera, interviniendo en el asunto, Felipe VI tendría que posicionarse. Y sería muy difícil que su posición fuera contraria a la del gobierno. El rey, salvo un consenso generalizado en la sociedad española, jamás iría a estar en contra de lo que fija la letra fría de la ley en el sentido de ser flexible a un cambio en ella. El rey está para mantener lo que hay. Fue este el papel desempeñado por Juan Carlos en 1981, según la historia oficial.

Es verdad que Felipe VI podría transmitir un mejor talante y menos cinismo, cuando dijo, por ejemplo, que estaría al lado de los catalanes (siendo que una gran mayoría de ellos es favor del derecho a decidir). Pero en el fondo no fue sorprendente lo que dijo.

España optó por un régimen no democrático en lo que se refiere a la Jefatura del Estado. Si por una parte no le concedió poderes ejecutivos, por otra, por eso, no se puede esperar que quien la encabeza sea un árbitro fiable en una cuestión subjetiva y con muchos grises como es la catalana.

NO ES LO MISMO

Algo muy común de escucharse en estos días de excelsa tensión en Cataluña es que la culpa de lo que está pasando es tanto del gobierno de España como del de Cataluña.

Cada uno es libre para pensar como quiera. Pero este reparto de responsabilidades casi por igual es funcional a que se obvie una realidad bastante palpable.

Si es verdad que él "procés" corre por carriles por fuera del marco constitucional y que el referéndum del 1-O fue ilegal, no es menos verdad que los separatistas catalanes intentaron por diversas veces negociar con Madrid a respecto de una salida legal para sus ambiciones. Y siempre Madrid les dijo "no".

Los continuos rechazos por parte de Madrid sugirieron una arrogancia y/o falta de sensibilidad acerca de lo que significa la existencia de una abrumadora mayoría de catalanes favorables al derecho a decidir. Habría un 82% que lo desean, según las encuestas (cifra que incluye, obviamente, a no independentistas). Mayoría también verificada en las elecciones, aunque en un guarismo menor. Hoy el Parlament tiene cerca de 60% de diputados que abogan por ello (hay que decir que, seguramente, muchos electores del PSC, que rechaza el derecho a decidir, tienen una posición a contraria al partido). Además, fuera de Cataluña tampoco es despreciable el apoyo a cambios en la constitución que conduzcan al derecho a decidir.

Si se tratara de unos pocos que lo estuvieran reivindicando, claro que no se le podría hacer caso a eso. Pero hacer oído sordo a una manifiesta mayoría ha tenido como consecuencia llevar la cuestión casi a un callejón sin salida.

El gobierno de España prefiriendo mirar para otro lado y solo esperar que la justicia aplicase la ley optó por que el tan anunciado choque de trenes viniera. La violencia desatada por las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado contra quienen querían votar quizá haya sido solo el preludio de cosas peores que vendrán a continuación.

Pase lo que pase a partir de ahora, la historia tendrá que registrar que hubo quienes plantearon el diálogo y quienes se lo negaron. Quienes por medio de la democracia querían legalmente llevar a cabo su objetivo y quienes solo decían que la ley no se lo permitía (como si esa fuera inmutable o si tuvieron miedo de cambiarla).

Con eso no quiero exentar a los independentistas de culpas. Pienso que podría haber habido listones más altos para que los secesionistas se sintiesen legitimados para llevar a cabo la independencia. Por ejemplo, que tuviesen alguna mayoría calificada en el Parlament o que hubiesen propuesto que el propio referéndum solo podría atribuir al "sí" una victoria si contase con una mayoría calificada. O que tuvieran otra táctica, que pasase primero por un consulta popular, aunque igualmente ilegal, en que simplemente los catalanes se pronunciarían si querían el derecho a decidir. Aunque no cambiase nada la línea de intransigencia de Madrid, eso les daría más legitimidad a los independentistas y dejaría más en evidencia al gobierno central.

Aun así, no se les debe tratar del mismo modo que el lado que apostó por formas reacias, adustas y desconectadas del sentido común para lidiar con la mayor grieta que ha tenido España desde la vuelta de la democracia.

¿Y AHORA QUÉ CATALUÑA? ¿Y AHORA QUÉ ESPAÑA?

Aunque ya fueran esperadas altercaciones entre personas que querían votar y policías, no me imaginaba el número de heridos, 844, según la Generalitat, a causa de las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para impedir el referéndum de autodeterminación de Cataluña.

La imagen de resistencia transmitida por muchos catalanes que fueron a votar o lo intentaron muestra lo cuan potente puede ser el sentimiento independentista en Cataluña. No se puede fiar por completo de los números divulgados por la Generalitat. Participación de 42% de participación y 90% de "síes", por los datos aún parciales. Pero quiero creer que si no son exactos, no están lejos de la realidad.  Además, también hubo quienes intentaron votar y lo fueron impedidos porque los colegios electorales estaban cerrados por las fuerzas de seguridad. De acuerdo con la Generalitat, habrían sido cerca 670.000 ciudadanos. Lo que supone aproximadamente el 12% del censo electoral catalán.

Ahora les toca a los independentistas catalanes la más trascendental de todas sus decisiones hasta aquí. El Ejecutivo catalán transmitirá el resultado del referéndum al Parlament y este tendría que, de acuerdo a lo fijado en la Ley de Transitoriedad Jurídica, declarar la independencia de Cataluña. En teoría, esta tendría que ser llevada a cabo 48 horas después de los resultados definitivos de la consulta del 1O.  El día en que se pronuncie el Parlament será una jornada en que la palabra "tensa" se quedará corta en la casa de la democracia catalana. Toda la turbulencia que marcó la votación de la Ley de Transitoriedad Jurídica se quedará chica cerca de eso.

El gran problema de los independentistas son las condiciones operacionales para la independencia. Si no dudo de que para muchos les sobre ganas, cueste lo que cueste, de separar Cataluña de España, les faltan elementos básicos para eso. No conozco ningún caso de país que se haya independizado unilateralmente sin tener un ejército o milicia propia o, al menos, que contase con la protección de algún otro país. Cataluña no los tiene. Tampoco puede contar con la más mínima protección de algún país vecino. En el límite se podría imaginar que los Mossos d'Esquadra podrían romper con España y dotar a Cataluña de alguna suerte de defensa. Pero no lo veo para nada en el horizonte.

Hasta el domingo, pensaba que los secesionistas irían a soslayar lo prometido. Que irían a encontrar alguna excusa para no llegar a un extremo que cortaría los puentes con España sin que Cataluña tenga herramientas para contrastar el monopolio de la fuerza que España seguiría teniendo. Pero no es eso que sugirieron las palabras del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el discurso de anoche.

Habrá dos escenarios. Uno, que los separatistas hagan una media declaración de independencia. Que significa intentar abrir una ronda de negociaciones con España y la Unión Europea. Sería como postergar el tema, ganar más apoyo de la ciudadanía y enseñar a España, Europa y al mundo que de parte de Cataluña todavía hay margen para el diálogo, aun a sabiendas de que Madrid lo rechazaría.

Lo otro, y creo que lo más probable, con toda la carga emocional que vive Cataluña, es que la independencia se declare, pero con todos teniendo consciencia de que España destituirá - por medio del artículo 155 de la constitución, el que suspende la autonomía - las autoridades catalanas, haciendo con que Cataluña sea gobernada por representantes de Madrid. Además, no sería descartada la posibilidad de prisión de los líderes separatistas.

Con la aplicación del 155 es probable que el gobierno de España quiera convocar nuevas elecciones autonómicas para restablecer la "normalidad institucional" de Cataluña. O el movimiento independentista las acepta o las boicotea. Si no las acepte, no es descartado que clamen por una desobediencia civil. Si habrá una gran adhesión a ella sería muy difícil de saberlo. Pero, seguramente, una parte no despreciable de la sociedad catalana iría a seguirla. Las consecuencias serían inéditas en un país de la UE, como ya lo es la cuestión catalana en sí. Todos serían perjudicados. El presidente de gobierno, Mariano Rajoy, demuestra que no está mínimamente a la altura de un desafío tan peliagudo. O lo sacarían del gobierno - mayoría en el congreso español la hay para eso - o su falta de tacto llevaría España en la línea de un caos institucional, más conocido por un país latinoamericano que por una democracia europea.  Aunque tampoco es tan probable que un nuevo gobierno salido de unas hipotéticas elecciones generales anticipadas lograse apaciguar a Cataluña. Un gobierno alternativo sin el PSOE no sería posible en la España de hoy. Y el partido de la rosa y del puño cerrado tendría que flexibilizar mucho sus posiciones a respecto de Cataluña, puesto que hoy no admite el derecho a decidir. Solo un nuevo diseño institucional de España. Y, para empeorar, un cambio constitucional que permitiese una vía legal para que los catalanes puedan decidir su futuro, solo es posible con mayoría de dos tercios en el congreso. Es decir, esta también tiene que pasar por el PP.

Qué momentos de incertidumbre vive Cataluña y España. La historia se ha acelerado como nunca se ha acelerado en un país de la UE. Cuando eso ocurre, lo que más hace falta es saber hacer política. Hacerla en su sentido más noble.

CATALUÑA TRAS EL 1-O

Es muy probable que el referéndum sobre la independencia de Cataluña estará plegado de nubarrones. Que difícilmente la mayor parte de los votos de los que quieren sufragar podrán ser depositados en las urnas, con tantos agentes de seguridad del Estado español desplegados en Cataluña con el objetivo de impedirlo.

Por otro lado, son cada vez más las voces en la Generalitat que sugieren que puede no haber Declaración Unilateral de Independencia (DUI), que, a principio, sería pronunciada con una mínima votación favorable al sí y con una mínima participación. Al menos este era el entendimiento tácito que nos da la Ley de Transitoriedad, que no fija un listón para ninguna de las dos.

Que no haya posibilidad práctica de una amplia votación, sería la justificativa para que no haya la DUI. Y en el fondo podrá ser funcional a todos los que luchan por la independencia de Cataluña y también para los que no la admiten.

Para quienes gobiernan Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya y el Parti Demòcrata Europeo Català, declarar la independencia sería dar un salto al vacío.

No habría condiciones operacionales para que Cataluña se autogobernase. Faltarían dos cosas ineludibles. Una agencia de recaudación de impuestos y una fuerza de seguridad. Ni siquiera si Cataluña se plantease una resistencia armada contra España, tendría los mínimos medios para tal (todos los países que declararon unilateralmente la independencia tenían un ejército propio). Con esto, la DUI sería nada más que un brindis al sol.

Es decir, ni siquiera estoy hablando de lo perjudicial que podría ser para Cataluña una independencia en términos económicos, con la hostilidad de la UE, con España y Francia a la cabeza. Ni eso Cataluña podría probar.

Ya de parte de los independentistas más intransigentes, los de la CUP, aunque muestren un gran enfado e, incluso, acusen al bipartido que gobierna Cataluña de traición, saben que podrán tener un gran crecimiento en las próximas elecciones autonómicas, el único paso posible a seguir al reculo a respecto de la secesión.

El partido anticapitalista podrá ser visto para muchos como el único representante fiel de la independencia, en contraste a los otros dos, que habrían claudicado en cumplir la utópica promesa de una Cataluña independiente.

Del lado del gobierno español, se habría logrado el objetivo principal. Pese a todo el follón que podrá representar la jornada de votación de este domingo, la declaración unilateral de independencia sería desechada.

Cómo el gobierno de la Generalitat justificará la no declaración de independencia significa un gran signo de interrogación. Supongo que ya  habrán preparado el contenido de por que no podrán hacerlo. Aunque no descarte mucha divergencia entre sus miembros. Es probable que haya quienes, sea por populismo, sea por ingenuidad, sostengan que la DUI deba ser llevada a cabo.

A continuación de la imposibilidad de la DUI, empezará un nuevo ciclo. Quizá con nuevos protagonistas y con más independentistas. La famosa "fábrica de independentistas", con el impedimento al referéndum, podrá alcanzar su máximo en términos de "producción". Esto sería medido en las inevitables elecciones autonómicas. Esto, obviamente, daría aún más fuerza a la retórica separatista.

Con el posible aumento del voto independentista, el gobierno español y las otras fuerzas políticas del otro lado del Ebro sí o sí tendrán que dejar su inmovilismo. Sea en la dirección de reformar la constitución, para que esta contemple el derecho a decidir de los catalanes, sea en el sentido de un pacto fiscal con Cataluña para que, tal vez, haya un concierto económico similar al de lo que hay con el País Vasco. El ministro de economía, Luis de Guindos, ya dijo que lo segundo puede ser viable.

Lo fundamental, ninguna de las partes podrá querer ganar de goleada. Y todas tendrán que ceder en sus planteamientos y, principalmente, arriesgarse. Que venga la democracia.

VOTO UNINOMINAL

En este mes dos de los más importantes países del mundo llevaron a cabo elecciones legislativas. Reino Unido y Francia. Dos naciones distintas en varios aspectos, empezando por su diseño institucional: uno una monarquía; otro una república. Pasando por una concepción diferente del papel del Estado en la economía - uno hoy con el 42% de aquel en esta; el otro con el 56% (la mayor participación entre las democracias occidentales) - y por la estabilidad institucional: uno con relativamente pocos quiebres de su orden político en los útimos 250 años, en que ni las dos grandes guerras fueron capaces de alterar; otro con muchas constituciones, régimenes y la principal revolución  de la historia.

Pero Reino Unido y Francia tienen una gran semejanza en su sistema electoral para la designación de sus diputados. Los dos adoptan el voto uninominal, en que hay una circunscripción por cada diputado (650 en Reino Unido y 577 en Francia) y en que es electo el candidato más votado por cada una de ellas.

La diferencia está en que mientras en Reino Unido cada elección por distrito es resuelta siempre en una vuelta en Francia hay una segunda vuelta en caso de que el más votado no haya obtenido la mayoría absoluta.

El sistema mayoritario para la composición de la Cámara Baja del legislativo tiene las ventajas de que los candidatos tengan que dar la cara para ser electos (diferentemente de un sistema proporcional en que suelen estar dentro de listas con varios otros) y de que posibiliten mayor estabilidad gubernamental, puesto que es muchísimo más probable que se extraiga de las elecciones una mayoría absoluta de escaños para el partido con más votos.

Entretanto, estas ventajas son bastante peores que su desventaja, pues suele producir una significativa desproporción entre el número de votos que obtiene un partido y su representación parlamentar. En general beneficiando los partidos con más votos y perjudicando los de menos.

Las elecciones legislativas francesas de este año fueron las que más arrojaron esta desproporción desde que Francia adoptó este sistema, en 1958, en su actual constitución.  En la primera vuelta, el movimiento del presidente Emmanuel Macron, aún no constituido en partido, La República en Marcha, y su aliado MoDem eligieron 350 diputados (60,65% del total). Siendo que en la primera vuelta cosecharon el 32,2% de los votos. En la segunda su votación fue del, 49,2%. Pero la referencia debe ser la primera vuelta, que es donde se apuran sus apoyos naturales. Así siendo los dos tuvieron 1,8 veces más diputados que eletores naturales. La contracara de esto fue el Frente Nacional que eligió a ocho diputados (1,38% de los diputados), habiendo logrado 13,20% de votos en la primera vuelta y 8,75% en la segunda. Es decir 10,45 veces menos diputados que electores naturales.

Ya en Reino Unido las últimas elecciones no arrojaron tanta diferencia entre votos y escaños - al menos como en elecciones pasadas - para el partido más votado. El Partido Conservado obtuvo 318 de los 650 diputados (48,9%) con el 42,4% de los votos. Pero en las anteriores elecciones, en 2015, el mismo partido obtuvo la mayoría absoluta, 331 diputados (50,92%), con solo 36,9% de los votos. Ya el Partido Liberal Demócrata, con 7,9% de los votos pudo elegir solo 1,2% diputados.

Estos datos muestran lo injusto que es el sistema uninominal. Haciendo, en la mayoría de las veces, con que el voto del ciudadano que opta por los partidos más votados tenga más peso, en la práctica, que el voto del ciudadano que opta por uno menos votado.

En Reino Unido, como parte de las exigencias para el Partido Liberal Demócrata haber apoyado el Conservador tras las elecciones de 2010, en que este obtuvo más escaños pero sin haber logrado la mayoría absoluta, fue el cambio del sistema electoral. El partido liderado entonces por ex primer ministro James Cameron propuso un plebiscito para reformarlo.

Pero la reforma no cambiaría su naturaleza. Consistía en tornarlo semejante al francés, manteniendo el principio de ser uninominal y introduciendo una segunda vuelta en caso de que el más votado en la primera no hubiese logrado la mayoría absoluta. Al Partido Liberal Demócrata, entretanto, le interesaba porque siendo un partido de centro, ubicado ideológicamente entre el Partido Conservador y el Laborista, podría tener un gran potencial de votos en las segundas vueltas de los distritos. Si un candidato suyo fuese para la disputa con uno del Conservador, los votantes laboristas tenderían a votarle. Y si fuese con uno del Laborista, los conservadores tenderían a votarle.

Entretanto, el plebiscito arrojó una clara victoria del "no", con el 67,9% de los votos.

En Francia, el gobierno designado por el presidente Emmanuel Macron promete que introducirá algo de proporcionalidad al sistema en una posible reforma electoral. Quizá en la dirección de lo que hay en Alemania, en que hay un sistema mixto. Mitad de la Cámara Baja germánica es electa por medio del sistema uninomonal. Mitad es electa por el voto proporcional de listas por cada una de las regiones. Ya sería un avanzo en pro de una fórmula más democrática. Pero nada comparado con lo que es el sistema proporcional puro.

Es verdad que en algunos países que tienen el sistema proporcional de listas cubriendo todo su proceso electoral hay muchos críticos. En Portugal y en España, por ejemplo, se suele discutir la reforma del sistema, puesto que muchos se quejan de que el elector no conoce a los candidatos que se presentan en cada uno de los distritos electores, supuestamente escondidos en una lista y que estos son impuestos por las direcciones de los partidos. O que este sistema no permite mayorías claras, el deseo de los partidos que suelen liderar las elecciones pero que difícilmente tienen votos para constituir una mayoría absoluta en el sistema proporcional de listas.

El primer argumento si vale para el sistema proporcional de listas también puede valer en parte para el uninominal. Si es verdad que ningún candidato tiene su nombre inmerso en una lista con varios nombres, cuando en Francia o Reino Unido el elector vota en un determinado candidato a veces no conoce ni siquiera su nombre o no se importa mucho con su figura. Además, no es cualquiera que puede presentarse a la elección. Como el partido solo tiene derecho a un candidato, también son las direcciones que lo escogen.

En el caso de Reino Unido en la mente del elector está más la simpatía hacia el líder nacional del partido del candidato, que sería electo primer ministro en caso de victoria del partido o la simpatía hacia el partido en sí.

En el caso de Francia es todavía más flagrante la poca importancia que los electores dan a los candidatos. Las legislativas, como se realizan pocas semanas después de las presidenciales, sufren el contagio de estas. Los franceses siempre refuerzan la votación del partido del presidente electo y nunca su partido estuvo en riesgo de no contar con mayoría en el parlamento francés. Sea con diputados solo del partido o con partidos aliados.

El segundo argumento aboga por la institución de una estabilidad artificial, no espejada por los votos. Si no hubo una mayoría absoluta de votos para el partido vencedor, cabe a él o al segundo partido más votado el intento de buscar alianzas con otros partidos para que se construya una mayoría en el parlamento.

Es verdad que no existe sistema perfecto. Quizá, si hubiese primarias para la constitución de listas el de listas proporcional podría ser aprimorado. Así las direcciones partidarias no tendrían poder para su elaboración.

Pero lo más importante es que un sistema electoral pueda sincronizar el máximo posible el porcentaje de votos populares de un partido con el porcentaje de escaños que este tiene derecho.

LISTA FECHADA JÁ!

O Brasil tem, na teoria, o melhor sistema do mundo de eleição de deputados federais e estaduais e vereradores. Pois o eleitor pode pinçar o candidato do partido em que está votando. Porém este sistema, na prática, tornou-se medonho.

O eleitor, embora esteja votando numa primeira leitura num partido e só depois discriminando o candidato deste, nem sequer, em geral, sabe o nome da sigla a que pertence o candidato e muitos destes tampouco fazem a divulgação desta quando da campanha.

Ou seja, temos um quadro totalmente contrário à lógica da democracia partidária, tanto numa ponta como na outra. O que deturpa amplamente o sentido do sistema.

O eleitor ao pensar apenas no candidato em que está votando lixa-se em saber se este tem alguma ligação ideológica com o seu candidato para o Executivo. Isto tem duas consequencias básicas. Primeiro, torna muito mais provável que a composição maioritária dos parlamentos não seja da cor política do candidato eleito para o Executivo. Segundo, fomenta a pulverização de partidos com representação parlamentária. Como a figura do partido no imaginário do eleitor tem pouca importância, para um determinado candidato as chance de votos não estarão relacionadas ao seu partido. O que produz, na votação global por partido, um equilíbrio muito grande, com nenhum alcançando uma expressiva votação e com muitos elegendo legisladores. Por exemplo, na Câmara de Deputados, o partido que mais elegeu deputados no escrutínio de 2014, o PT, elegeu apenas 13,66% dos deputados (com as trocas partidárias hoje o partido com mais deputados é o PMDB com 12,48% dos deputados). Já o número de partidos que elegeram deputados foi 28!  Coisas quase sem paralelo no resto do mundo. E uma bizarrice, sem dúvida. Isto torna os municípios, os Estados e o país muito dificilmente governáveis por parte dos Poderes Executivos. E para contornar a ingovernabilidade encontra-se como solução a corrupção (como a compra de legisladores) ou distribuição de cargos para a conquista de aliados no meio do caos que significa a grande fragmentação partidária nos parlamentos.

Especula-se como um dos tópicos principais duma possível reforma política sobre a alteração das listas abertas pelas fechadas, em que o eleitor votaria única e simplesmente num determinado partido, sendo eleitos os candidatos melhores colocados nelas de acordo a uma ordem de lugares estabelecidas por estes.

Em razão da «sacrossanta» proibição por parte do STF do câncer que significava o financiamento empresarial de campanha (algo que a operação Lava Jato mostra com as óbvias contrapartidas que eram feitas às construtoras doadoras investigadas) tornou-se extremamente difícil obter recursos para os gastos para o proselitismo eleitoral, já que cada um dos candidatos a cargos legislativos faz o seu próprio.

Com a lista fechada, somente o partido, como instituição, teria a necessidade de fazê-lo, tornando, consequentemente, as necessidades de gastos bem menores. Este é um dos motivos pelos quais, mesmo em termos proporcionais, as campanhas na maioria dos outros países são mais baratas do que as do Brasil. Neles, basicamente, ou a eleição para legisladores é em lista fechada (como na maioria dos demais países da América Latina) ou é uninominal, com cada circunscrição elegendo, de modo majoritário, apenas um candidato, ou é um misto entre os dois, como na Alemanha, em que 50% de sua Câmara Baixa, o Bundestag, é eleita num círculo nacional, com eleição proporcional aos votos recebidos por cada partido em suas listas fechadas, e 50% é eleita pelas circunscrições eleitorais nas quais o país está dividido. Ou seja, um eleito por circunscrição.

No Brasil de acordo à Constituição Federal, a eleição de deputados deve reger-se pela proporcionalidade. O que tornaria inconstitucional o voto uninominal e até mesmo o misto entre o uninominal e o de lista fechada proporcional. Ou seja, qualquer substituição do atual sistema só poderia dar-se, salvo que houvesse uma emenda constitucional, pela manutenção das listas (hoje ordenadas pelo eleitor com a liberdade de se escolher um candidato), mas com o seu fechamento.

A maioria tanto de analistas políticos, como de jornalistas como de políticos é contra a lista fechada. Argumentam que a eleição será contralada pela burocracia partidária, que o eleitor não terá direito a escolher o seu deputado (como se o trabalho parlamentar fosse algo individual e não coletivo) e que os políticos indiciados na Lava Jato colocar-se-iam nos primeiros lugares na lista, podendo, assim, eleger-se mais facilmente do que se tivessem de conquistar individualmente o voto do eleitor. Deste modo poderiam manter sua imunidade parlamentar.

Não nego que podem ser problemas colaterais que o fechamento das listas traria. Porém não se pode buscar a perfeição em tudo e as consequencias negativas são bem maiores com a lista aberta. Tamanho são os problemas derivados dela, que não consigo saber se a oposição à lista fechada é derivada de teimosia, de burrice ou de cinismo. Creio que é uma mistura dos três. Mas como no Brasil falta muita cultura política, mesmo para os que participam dela, julgo que prevaleça mais o segundo.

Muitos falam, como alternativa, em cláusula de barreira (em que o partido só poderia eleger legisladores se obtivesse um mínimo de votos em âmbito nacional ou um número mínimo de votos em um número mínimo de Estados) e na proibição das coligações.

No referente à segunda, não tenho reparos, vendo-a como uma mudança positiva. Já sobre a cláusula de barreira, pensando na funcionalidade fria, não serviria para tornar as necessidades de gasto de campanha menores, o que num contexto em que a proibição de empresas está proibida, fomentaria a participação do crime organizado no financiamento desta. É o que já se ouviu falar nas campanhas das eleições municipais de 2016.

A cláusula de barreira certamente poderia conter um pouco a pulverização dos partidos nos parlamentos e afastar alguns dos partidos fisiológicos (entretanto sem afastar o principal deles, o PMDB e muito injustamente alijando partidos pequenos com uma ideologia por trás, como o PSOL e o PC do B), mas seria muito menos eficaz neste objetivo do que o seria o voto em lista fechada.

A razão pela qual o voto em lista em fechada tenderia a diminuir o número de partidos nos parlamentos e a concentração de votos em poucos deles é que os eleitores estariam mais propensos a votar em partidos que fossem dos seus candidatos ao Executivo. A própria dinâmica da campanha levaria o eleitor a adotar o vínculo no seu votos. É isto o que, em geral, ocorre nos demais países da América Latina, todos presidencialistas, como o Brasil, mas com voto em lista fechada. Na maioria deles, os parlamentos têm uma maioria governista, fruto da naturalidade da eleição, e não das alianças promíscuas pós-eleitorais, como no Brasil.

O ideal seria como no Uruguai, em que o voto ao Poder Executivo está obrigatoriamente vinculado ao voto ao Poder Legislativo (mas no Brasil isto seria uma utopia).

Claro que o voto em lista fechada e a provável diminuição de partidos com representação parlamentar estaria longe de fazer com que acabasse a corrupção. Diria que o Brasil é um país corrupto por natureza. Vejam o comportamento do povo para questões comezinhas da vida cotidiana. Porém cortaria em muito as necessidades dum governo ser corrupto para ter funcionalidade. Além de fazer com que os brasileiros aprendessem a ver a política de modo mais partidário e menos individual.

O voto em lista fechada e um novo sistema de financiamento de campanhas, que teria de ser apenas público (pois empresas só vão doar com interesses de contrapartida por trás e o financiamento via contribuição limitada individual seria muito pequeno num país em que a maioria das pessoas não se interessam por política e até a detestam) fariam com que o Brasil desse um salto qualitativo. Dariam muito mais teor de democracia à política no país.