NOVEDADES ELECTORALES

 

De cara al balotaje que definirá quién a partir del 1 de marzo será el nuevo presidente de Uruguay, hay determinados hechos inéditos en la vida política oriental desde que esa se divide en dos partes, el Frente Amplio y la suma de los partidos que están a su derecha, y cuyo marco son las primeras elecciones con segunda vuelta, las de 1999.

El primero de ellos es que es la primera vez en que el candidato del Frente Amplio no parte para la campaña de la segunda vuelta ni como el vencedor tácito (como fueron los casos de 2009 y 2014, en que su votación en la primera vuelta solo quedó a pocas décimas de superar a la de todos los demás partidos y la superó, respectivamente) ni en desventaja (como fueron los casos de 1999 y 2019, en que, aun siendo el más votado, la suma de votos de los partidos a su derecha hacía creer que su contrincante vencería, como ocurrió). De esta vez, aunque los candidatos de los partidos de la coalición multicolor hayan tenido en su conjunto más votos que Yamandú Orsi, la diferencia de esos para el intendente de Canelones es pequeña, lo que sugiere que, principalmente teniendo en cuenta el avance que el candidato del Frente Amplio en 2019, Daniel Martínez, tuvo de la primera para la segunda vuelta, de 10 puntos porcentuales, el partido de la "colcha de retazos" es el favorito, pues solo necesita 6 puntos a más en el balotaje. Pero eso no significa que la elección no esté en abierto, como no estuvo en las segundas vueltas en que el postulante del Frente Amplio fue electo, cuando fueron solo un trámite para confirmar las victorias de José Mujica y Tabaré Vázquez.

El segundo es que el candidato electo podrá ser considerado una figura gris y con relativamente poco carisma, además de que nunca haya tenido un rol de liderazgo en su partido. Incluso el propio candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, llegó a declarar que no era un buen candidato.   

El tercero es que el Frente Amplio podrá ganar las elecciones siendo oposición a un gobierno relativamente bien evaluado. Creo, incluso, que Lacalle Pou sería el favorito para vencer las elecciones si fuese permitida la reelección en Uruguay, pues tiene más imagen positiva que negativa. Algo que no ocurría en 2004, cuando el Frente Amplio por primera vez venció y el gobierno del presidente de turno, el colorado Jorge Batlle, estaba salpicado por la mayor crisis económica que tuvo Uruguay en las últimas décadas. Eso sugiere que el Frente Amplio tendría un muy fuerte adversario en las elecciones de 2029, es decir, el propio Lacalle Pou, y, si electo, Orsi tendrá que hacer un gobierno muy bien evaluado para que el candidato del Frente Amplio sea el favorito.

El cuarto es que ninguno de los dos candidatos tendrá mayoría parlamentaria. Desde 2000 o el presidente frenteamplista tenía mayoría absoluta (como máximo hubo empate entre gobierno y oposición en el senado, más concretamente en el gobierno de Mujica entre 2010 y 2015) o los partidos a su derecha que formaban el gobierno (Partido Nacional y Colorado entre 2000 y 2005 y Partido Nacional, Colorado y Cabildo Abierto en el actual período) la tenían.

¿CÓMO SE TRADUCE “ALCALDE”?

Aún le falta mucho a la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana para despegar en lo que se refiere a su aspecto esencial. La creación del tercer nivel de gobierno en Uruguay y la tercera división político-administrativa. Las alcaldías (o, en su nombre más correcto, Consejos Municipales) y los municipios, respectivamente.

Las alcaldías no tienen ingresos propios, siendo financiadas integralmente por partidas de los departamentos, y ni  siquiera sus líderes, los alcaldes, son conocidos, por lo general, por la ciudadanía. Principalmente en Montevideo, donde hasta los propios políticos muchas veces ignoran quién es el alcalde de sus municipios (en el interior hay más conocimiento). Para colmo, en el departamento capitalino, los municipios son denominados por simples letras. Lo que impide que haya, por ejemplo, un gentilicio que se les corresponda.

Pero lo que más me llama la atención de las alcaldías, alcaldes y municipios es su correlato internacional (o falta de ello). En Uruguay, los departamentos ocupaban (o aún ocupan) el espacio municipal de gobierno. Pese a su gran extensión para esto (a excepción de algunos de territorio más chico, como Montevideo). Los propios gobiernos departamentales tenían como nombres “Intendencia Municipal” (después de la Ley de Descentralización oficialmente “Intendencias Departamentales”, aunque la inmensa mayoría de la gente, empezando por los políticos y los medios, les siga llamando por su antiguo nombre). Así que las intendecias uruguayas serían homologables a las intendencias argentinas, los ayuntamientos españoles o las “prefeituras” brasileñas.

Con el advenimiento de las alcaldías y de los municipios, ¿cómo queda la traducción para otros países del segundo y tercer nivel de gobierno y territorio de Uruguay y de sus líderes? Si un medio italiano hiciera una nota sobre las la elecciones locales del próximo 10 de mayo, ¿cómo traduciría intendente? ¿“Sindaco”? ¿Y un francés? ¿“Maire”? ¿Pero y el líder del tercer nivel de gobierno? ¿No es a este que correspondería esta traducción? Al fin y al cabo, “alcalde” en castellano es la palabra más genérica para las respectivas denominaciones en italiano y francés.

Pero si fuere así, ¿cómo serían denominados en medios de otros países los departamentos? Genéricamente, el segundo nivel de división administrativa (cuando hay más de dos) se conoce como “región”. ¿Así que los departamentos serían las regiones uruguayas? ¿No sería exagerado que un país tan pequeño como Uruguay tuviera 19 regiones? 

Además, si los municipios son el tercer nivel de gobierno, el departamento de Montevideo, como segundo nivel territorial, no podría ser considerado la capital de Uruguay. Este título se le correspondería al Municipio B, donde está ubicada la sede del gobierno uruguayo. Al fin y al cabo, en todos los países, la capital siempre está localizada en el nivel territorial, de ámbito político-administrativo, más bajo. Claro. Ya sé que sería de risa que un país tuviera como capital una letra.

Quizá nadie podría contestar a estas preguntas. Y no me gustaría estar en la piel de un redactor de un  medio de otro país intentando traducir todas estas denominaciones. 

Pero, a despecho de estas cuestiones semánticas, deseo larga vida a las alcaldías uruguayas. Y que tengan, al contrario de hoy, un verdadero significado en la vida de los orientales, pues descentralizar el poder siempre es bienvenido.   

POR LA BAJA

Primero. Me considero una persona de izquierda. Sin identificarme con una izquierda específica, de las tantas que hay. Si fuese uruguayo, sería elector del Frente Amplio.

Segundo. Considero que en Uruguay la seguridad no sea un problema tan grave como muchos uruguayos se lo creen. Aunque entienda que el hecho de que Uruguay haya pasado ser un país muy seguro a ser solo relativamente seguro - donde caminar por las calles presuponga un cuidado que no era necesario en el pasado, y en que el número de asesinatos, robos y rapiñas haya aumentado considerablemente en las últimas décadas - haga con que la sensación de inseguridad sea más grande que en países manifiestamente más violentos, como muchos de los vecinos de Uruguay en la región, donde hace mucho más tiempo sus sociedades tienen que convivir con la lacra de la criminalidad.

Tercero. Como la mayoría de los izquierdistas, creo que el factor social es una de las fuertes variantes que lleva a alguien al mundo del crimen.

Cuarto. En un país donde solo 6% de los crímenes son cometidos por personas entre 16 y 18 años, pienso que la baja para 16 años de la imputabilidad penal para delitos de homicidio, lesiones graves, rapiña, secuestro, extorsión y violación va a tener un escaso influjo en los números globales de la criminalidad en Uruguay.

Quinto. A despecho de los cuatro puntos anteriores, si fuese oriental votaría por la baja de la edad  de imputabilidad penal para los crímenes citados arriba en el plebiscito de hoy.

A principio, puede sonar como una incoherencia. Al fin y al cabo, muchos de los que rechazarán la reforma del código penal para que haya la baja comparten conmigo los cuatro primeros tópicos. Y me diferencio de gran parte de los que votarán por la baja, principalmente en lo que se refiere a la visión sobre la seguridad o falta de seguridad en Uruguay, su importancia en la jerarquía de problemas del país y sus principales causas.

La razón por la cual crea que sea correcta la baja de la edad de la imputabilidad penal quizá sea simple (¿simplista para algunos?). Pero suficiente para que mi voto fuese SÍ en el plebiscito. El motivo se llama justicia. Me parece que por mayor que hayan sido las condiciones sociales en las cuales un joven haya estado y por más fuertes que hayan sido los "incentivos" para que optase seguir el camino de la violencia, nada justifica un crimen hediondo. Y si con 16 o 17 años la sociedad podría disculpar uno que no lo fuese, no lo puede hacer para el grupo de crímenes que hace referencia el plebiscito.

Aunque la cifra de personas en esta franja de edad que cometiesen los crímenes que harían con que la edad de imputabilidad bajase fuese casi nula, consideraría pertinente la baja. Pues para mí lo que importa es que uno pague por algo muy grave que hizo. No solamente estando algunos pocos años en el INAU, pero cumpliendo la pena correspondiente para estos tipos de crimen aplicada hasta ahora solo para los que tienen más que 18 años.

Si el SÍ gane el plebiscito, portanto, Uruguay no será un país signficativamente más seguro. Pero será un país un cachito más justo.

BALLOTAGE, SINÓNIMO DE DEMOCRACIA

Muchos de los frenteamplistas siempre se quejan de que el ballotage solo fue instituito en Uruguay, por medio de la reforma constitucional de 1996, porque el Partido Nacional y el Colorado querían impedir, por esta vía, un presidente del Frente Amplio.

De hecho, no es posible negar que detrás de la creación de una segunda instancia electoral para la elección del principal mandatario oriental, en caso de que nadie obtuviera mayoría absoluta en la primera vuelta, estaba, principalmente, el miedo de los partidos tradicionales a que la izquierda llegase al poder tras un sostenido crecimiento electoral tras la vuelta de la democracia en la mitad de los años 1980.

Pero también es cierto que este temor egoísta  permitió que las elecciones presidenciales se tornaran más democráticas y claras cuanto al merecimiento de su vencedor. Nada mejor que la confrontación de los dos candidatos más votados en la primera vuelta en una segunda para ver quien reúne más apoyos para que se solidifique una verdadera mayoría, que no es el caso de cuando el vencedor de la primera vuelta solo tiene la mayoría relativa de votos.

Solo cabe lamentar, portanto, el deseo expresado por el más que probable candidato del Frente Amplio y primer presidente frenteamplista, Tabaré Vázquez, que aboga por el fin de este saludable sistema electoral del presidencialismo que es el ballotage.

Estar en contra del ballotage, fundamentalmente en Uruguay, donde existen tres partidos que dividen los votos en las elecciones y en que dos son muy parecidos (Nacional y Colorado) ocupando el mismo espacio de votación, es un cinismo antidemocrático, cuyo objetivo aparente es querer que su formación, el Frente Amplio, sea la gran favorecida, por estar solo en el espectro ideológico de la izquierda, y que por esto sería siempre la vencedora de la primera vuelta.

Lo malo y patético del sistema uruguayo no es el ballotage. Es la ridícula exigencia para la elección del presidente en la primera vuelta. Es decir, que un candidato tenga que sumar más votos no solamente que los candidatos rivales como también que los votos blancos, nulos y de la abstención. Una auténtica anomalía en un mundo donde en casi todas las democracias que tienen segunda vuelta no son considerados válidos los votos  blancos, nulos y la abstención para el cómputo de porcentaje de votos de los candidatos.

Si hay algo para ser reformado en el sistema electoral uruguayo son las reglas para haber ballotage. Pero jamás este debe ser extinto. 

UN REFERÉNDUM INJUSTO

Este domingo los uruguayos deciden si la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) será refrendada o no.

Es una suerte de semifinal para los que están en contra de la ley. Aunque también haya personas favorables a ella dispuestas a depositar en las urnas la única papeleta de la consulta, que dice “interpongo el recurso de referéndum contra la ley Nº 18.987, de 22 de octubre de 2012”. Con la justificativa de que es justo que sean todos los ciudadanos los que ratifiquen o no lo aprobado en diciembre del año pasado por los legisladores orientales.

Aunque sea un defensor de los referéndums en términos genéricos, creo que refrendar la IVE va en contra del espíritu de este tipo de consulta.

Los referéndums deben ser a respecto de temas que tienen incidencia en toda la colectividad. No es el caso de la IVE. Ninguna persona contraria a la IVE se verá afectada por la decisión de las mujeres que quieran abortar dentro del plazo de tres meses estipulado por la ley

Muy diferentemente, por ejemplo, de temas ya refrendados anteriormente en Uruguay, como la Ley de Empresas Públicas o la Ley de ANCAP, que tenían reflejo en toda la sociedad.

Querer refrendar la IVE es querer inmiscuirse en la vida privada y en la conciencia de los demás.

La democracia no es solo hacer valer la opinión y la visión de la mayoría. Es también el respeto por el individuo cuando su voluntad no genera ningún problema al resto de la sociedad.

CASO VENEGAS

No parece haber dudas sobre la carencia de legalidad para Jorge Venegas ejercer como ministro de Salud Pública. La Constitución uruguaya es clara, y impone un plazo de diez años para que los naturalizados uruguayos puedan ser electos o nombrados para el comando de alguna cartera en el Ejecutivo oriental. Como el chileno de nacimiento Venegas solo obtuvo la ciudadanía en 2004, solo estaría habilitado en 2014.

Entretanto, el caso Venegas pone en evidencia la discriminación manifiesta que la Carta Magna impone a los no nacidos en Uruguay. Pocos países exigen un periodo tan largo de tiempo para un naturalizado poder ser ministro o legislador. En la mayoría de los países sudamericanos este derecho el naturalizado lo tiene inmediatamente tras lograr la ciudadanía.  En muchos Estados europeos para puestos en la política local ni siquiera se demanda que el ciudadano nacido en otro país sea naturalizado.

Si diez años para que un naturalizado pueda ser ministro o legislador es injusto de por sí, lo es aún más tratándose de un país de inmigrantes y emigrantes, como es Uruguay.

Pese a esto, contra la Constitución no se puede pelear y Venegas debe abandonar su puesto lo más pronto posible, sin esperar por el obvio veredicto de la Corte Electoral. Un notorio caso en que la ley no va de la mano de la justicia.

ABORTO LEGAL

Uruguay es hoy un país más humano. Un país con más libertad. Un país menos hipócrita. Un país donde los respetables pensamientos de unos no invadirán las voluntades ajenas. Un país donde abdicar de llevar a cabo un embarazo, independientemente de la razón que sea, no será más crimen.  

Este 17 de octubre de 2012 entrará para la historia de los derechos civiles de Uruguay, un campeón en esta materia en las primeras décadas del siglo pasado, bajo las presidencias de José Batlle y Ordoñez y Claudio Williman, con leyes como el matrimonio civil, el divorcio y la separación de la iglesia del Estado.

Con la despenalización del aborto hasta las doce primeras semanas de gestación, después de la ley haber sido finalmente aprobada tras un largo proceso legislativo y sin el riesgo de veto del presidente José Mujica, como ocurrió en 2008, cuando Tabaré Vázquez vetó esta ley, Uruguay se torna uno de los pocos países de América Latina con una ley de plazos para el aborto libre. Hasta ahora, solo Cuba y Ciudad de México tenían una ley del género. De estas pocas naciones, justamente Cuba y Uruguay son las que pueden ser consideradas las más laicas.

Ojalá, otros países de la región diesen este paso en los próximos tiempos. Pero, de momento, solo en Argentina hay una presión política y popular de peso para despenalizar el aborto. El problema es la presidente Cristina Fernández, que, al contrario de su grupo político, no ve con simpatía la despenalización.

Muchos de los que están en contra del aborto dicen estar a favor de la vida. Cada persona es libre de pensar como quiera y tiene su propia visión del mundo. El problema es que, con la ilegalización del aborto, esta visión es impuesta a los demás. La despenalización hace con que cada mujer actúe de acuerdo a lo que crea que es mejor para su vida.

La ciencia ya ha probado que hasta los primeros meses de embarazo el feto, por su poco desarrollo, no puede ser considerado como un ser humano. Su inexpresivo sistema nervioso ni haría que este sintiera dolor durante el aborto.

Además, todos sabemos que la ilegalización del aborto no lo impide. Lo que sí genera es la desigualdad entre mujeres con dinero, que pueden pagar por una segura clínica para interrumpir su embarazo, aunque de modo clandestino, y otras, que con pocos recursos, no se les queda otra que recurrir a sitios que ofrecen pocas condiciones para la realización de una operación quirúrgica.

La despenalización del aborto hace con que el Estado uruguayo mire a los ojos de sus ciudadanas y que no las deje abandonadas si la opción de no querer tener un hijo es la que consideran la más adecuada. Es decir, el Estado se exime de hacer juicio de valores en un tema muy personal y del cual nadie puede ser el dueño de la razón.

BLINDAR A LOS NIÑOS

La propuesta del Ministerio de Educación y Cultura de prohibir la publicidad dirigida a los niños en Uruguay va por una excelente senda. De este modo, los más jóvenes de la sociedad estarían protegidos de los cantos de sirena que intentan vehicular los spots publicitarios.

La idea está inserida en las discusiones sobre el proyecto de ley de comunicación de servicios audiovisuales, que garantiza, de momento, al menos, el fin de la publicidad para niños en programas infantiles y en sus tandas publicitarias.

Los niños, al contrario de los adultos, no tienen vivencia y consciencia suficientes, para discernir bien la información de la propaganda. Es deber del Estado, por lo tanto, no permitir que lo ilusorio se haga realidad en la cabeza de los niños.

En un primer momento, muchos podrán acusar al gobierno de censura. Será necesario que el Ejecutivo uruguayo sea valiente para llevar a cabo la iniciativa en medio de una posible campaña de hostigamiento, principalmente de la parte de los que se verían más perjudicados, los canales de televisión y el universo publicitario.

Si esta propuesta tornarse realidad, Uruguay estaría junto a un grupo de países que poco pueden ser acusados de autoritarios, como Suecia, Dinamarca, Bélgica, Finlandia y Canadá, que también tienen leyes que prohíben la publicidad a los niños.

La protección a los menores no va en contra de una sociedad libre. Por el contrario, es esencial para el desarrollo sano y sostenible de esta.

RESTRICCIONES AL ALCOHOL

Según ha adelantado El Observador en su edición de hoy, el gobierno uruguayo enviará un proyecto de ley al Parlamento que contiene medidas para restringir el consumo de alcohol.

Entre los principales tópicos de la ley estarían la prohibición del consumo de alcohol en parques, playas, plazas, ramblas y veredas. También se prohibirían canillas libres y solo se permitirían la venta a locales con una licencia específica para la comercialización de bebidas alcohólicas.

Si el proyecto fuere llevado a cabo, Uruguay estaría más una vez en el rumbo correcto a respecto del tratamiento a las drogas consideradas legales. Las acciones del Ejecutivo oriental desde la llegada del Frente Amplio al poder a respecto del tabaco están produciendo excelentes resultados, que se verifican en la gran reducción de fumadores en el país – de 32% en 2006 a solo 20% en 2012.

Ahora le toca al alcohol la atención del gobierno. Una bebida que puede contribuir para que haya tantos flagelos sociales, como la violencia de género y los accidentes viarios y de la cual son adictos cerca de 260 mil uruguayos. Es decir, alrededor del 10% de la población uruguaya con más de 14 años de edad es alcohólica.

El mayor punto de interrogación es el referente a la publicidad de alcohol, que debería ser tajantemente prohibida, como fue prohibida la publicidad de tabaco en su momento. Pero, de acuerdo al diario, el proyecto solo impondrá limitaciones a la propaganda, habiendo un control de los contenidos, siendo establecidas pautas con la Cámara de Anunciantes y la industria del sector.

Es muy importante saber, exactamente, cuáles serán las limitaciones de la publicidad. Ojalá, al menos se prohíba cualquier auspicio de bebidas alcohólicas a programas deportivos, como se suele ver, incluso en emisiones de TNU, como La Hora de los Deportes y Estudio Estadio – una vergüenza para la tele pública uruguaya.

Un “país de primera” como los gobernantes dicen querer hacer de Uruguay debe ser un país sano. Y para que sea un país sano, al alcohol le deben ser puestos palos en la rueda. Sin que se llegue a prohibir su consumo totalmente, para que la libertad individual no sea puesta en jaque.

MARIHUANA: YÉNDOSE AL MAZO

Si la supeditación que hizo este miércoles José Mujica para la legalización de la marihuana en Uruguay se confirmare, es probable que el flamante proyecto se quede en papel mojado. El presidente fue tajante, en una conferencia de prensa, en Soriano, al decir que si “el 60% de los uruguayos no la entienda y no la respalde nos vamos a ir al mazo”.

Según el único sondeo hecho a respecto del tema después del anuncio del proyecto, realizado por Interconsult, la cifra de uruguayos que apoya la legalización de la marihuana está lejos del listón de Mujca. Solo el 38% de los orientales serían favorables a la reciente propuesta del gobierno uruguayo. Mientras un 60% se opondría a ella.

La improvisación a respecto del contenido de la propuesta parece ser una de sus marcas - algo que ya se verificó en relación a otros temas durante el gobierno de Mujica. Ha habido un cruce de afirmaciones distintas por parte de algunos integrantes del gobierno. Primero se dijo que el Estado uruguayo sería responsable por la producción de la marihuana. Después se aclaró que sería responsable solo por la venta. También fue desmentido que habría un límite de 40 cigarrillos por comprador, que habría un registro de estos y que ellos deberían devolver la colilla.

Tampoco el leitmotiv de la legalización de la marihuana se ha quedado claro. Al inicio, la propuesta tendría como blanco disminuir el consumo de la pasta base, haciendo que los consumidores de la pasta base “migrasen” para el consumo de la marihuana o hacer con que los potenciales usuarios de la pasta base prefiriesen la marihuana. Después el argumento más común – y más sensato – fue el de no perseguir lo que muchos hacen, pero que ilegalizado solo genera violencia, la que conlleva el tráfico de drogas. 

No sería tan sorprendente que Mujica diese un vuelco en el condicionamiento que ahora hace para llevar a cabo la legalización de la marihuana. Además, 60% de aprobación parece ser un número muy abultado.

Ni siquiera el apoyo que pide para la legalización de la marihuana es tan claro. ¿Se tendría en cuenta solo las encuestas? Estas podrían divergir – aunque muy difícilmente alguna presentase un resultado muy diferente, a corto plazo, de la de Interconsult. ¿O en un futuro podría ser realizado un plebiscito (que solo podría tener lugar tras un proceso de recolección de firmas y en el año electoral de 2014) para ‘oficializar’ el pensamiento de los uruguayos sobre el asunto?

Es una lástima que Mujica pueda poner coto en un proyecto que parecía contar con el espaldarazo de la mayoría de los parlamentarios uruguayos y que ha ilusionado a tantos de los que defienden las libertades individuales y que ven en las ilegalizaciones una puerta abierta al crimen organizado. En este momento, o Mujica desiste de los 60% de apoyo o más uruguayos se inclinan a la legalización de la marihuana (algo poco probable en una sociedad con opiniones poco oscilantes como la oriental). De no ser así, Uruguay perderá la oportunidad de estar en la vanguardia en un tema tan significativo como es la legalización de los estupefacientes. 

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA

Uruguay se apuntaría a ser el primer país de las Américas que legalizaría la venta de marihuana. Esta es la intención del gobierno, que está preparando un proyecto para permitir su comercio.

Uno de los principales objetivos de la legalización de la marihuana sería el combate al consumo de la pasta base, que estaría en el origen de gran parte de la criminalidad en Uruguay. El acceso legal a la marihuana disuadiría el consumo de la pasta base.

Independientemente de sus efectos a respecto de la pasta base, legalizar la marihuana es algo de por sí positivo. Sería reconocer el derecho de los ciudadanos a ejercer su libertad individual, aunque para algo manifiestamente perjudicial a la salud, como es el consumo de marihuana, que llega a generar diez veces más riesgo de cáncer que el tabaco.

Personalmente, por una cuestión de principio, por abogar por la libertad a ultranza de los derechos individuales cuando estos no estén en conflicto con los derechos ajenos, soy a favor de la legalización de todas las drogas. Incluso de las más duras – con trabas a su consumo proporcionales a su nocividad.

Al contrario de lo que muchos pueden pensar, la legalización de la marihuana no estaría en colisión con las políticas de restricción al tabaco realizadas en los últimos años en Uruguay. Solo una lectura simplista podría mezclar las dos situaciones, en razón de sus diferencias.

Cuando se impone trabas al tabaco lo que se quiere, en realidad, son dos cosas. Primero, proteger a los no fumadores, prohibiéndose fumar en espacios públicos. Segundo, impedir la exaltación del tabaco, vedando cualquier acto que pueda publicitarlo. Una marihuana legalizada, ciertamente, vendría con estas y muchas otras restricciones. De lo que se sabe del proyecto del gobierno, que todavía no fue anunciado oficialmente, consta un límite en la compra de marihuana, por ejemplo. Como máximo, podrían ser comprados cuarenta cigarrillos de marihuana por mes por persona. Siendo hecho un registro de los compradores.

Seguramente, no será nada fácil que el parlamento uruguayo apruebe el proyecto de la legalización de la marihuana, en razón de una mentalidad conservadora para temas del género de gran parte de los miembros de sus dos cámaras. No es cierto ni que el gobierno cuente con todos los diputados y senadores del Frente Amplio. Pero al menos el Ejecutivo uruguayo estaría haciendo su parte en llevar a cabo la discusión y peleando por la medida.

BORDABERRY, BATLLE Y LOS DERECHOS CIVILES

Aproximadamente un siglo separa el principal movimiento que lidera al Partido Colorado en la actualidad, con el senador Pedro Bordaberry a la cabeza, y las presidencias del colorado José Batlle y Ordoñez (1903-1907 y 1911-1915). Dos figuras casi antagónicas acerca de la promoción de los derechos civiles en Uruguay.

Con Batlle, Uruguay fue pionero en varias conquistas sociales en Sudamérica (incluso estando a frente de la mayor parte de los países europeos) y principalmente en lo que se refiere a las libertades individuales. Con Bordaberry, como el más representativo líder del Partido Colorado en la oposición al gobierno progresista del Frente Amplio, se nota un gran retroceso a respecto del asunto.

Si con Batlle Uruguay tuvo leyes de derecho civil muy avanzadas en su momento - como la fácil naturalización para los inmigrantes; el matrimonio civil; el divorcio (éste en el mandato de interregno de sus dos presidencias, con Claudio Williman); y la separación de la iglesia del Estado - con Bordaberry el Partido Colorado apuesta en su obstaculización. Notadamente, vemos esto en la discusión sobre la ley que permite la despenalización del aborto hasta los tres primeros meses de embarazo.

Bordaberry, obviando todo el historial de su partido en materia de derechos civiles, simplemente negó a los senadores colorados que votasen de acuerdo con su consciencia en el pleno del Senado que discutió y votó, este martes, la ley del aborto.

Felizmente, para los que creen que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los primeros meses de este es un derecho inalienable de la mujer sobre su cuerpo, no hicieron falta los votos de la oposición colorada y blanca (excepto el recién integrado en las fileras del Partido Nacional Jorge Saraiva voto a favor). Con todos los senadores del Frente Amplia votando positivamente a la IVE, esta tuvo media sanción en la Camara Alta del parlamento uruguayo.

La IVE ganó el partido de ida en Senadores. Pero habrá que ganar el partido de vuelta también en Diputados, que será más complicado, por haber tres diputados del Frente Amplio que no estarían dispuestos a votar por la IVE - la esperanza es que se ausenten en el momento de la votación cuando esta ocurra, posiblemente en marzo, dando espacio a suplentes que sí podrían votar a favor.

La aprobación de la IVE, que ya estuvo legalizada entre 1934 y 1938 en Uruguay, haría con que el país ocupase, de nuevo, un lugar de destaque en relación a los derechos civiles en Latino América, donde la IVE solo es permitida en Cuba y en la Ciudad de México.

Con la IVE el impulso reformista favoreciendo las libertades individuales, que fue una de las principales banderas del batllismo, estaría de vuelta a Uruguay, aunque el partido de Batlle lo rechace cien años después.

LA NECESARIA VUELTA AL PASADO

Ayer Uruguay, en su Cámara de Senadores, debatió el pasado. Un pasado de terror que vivió entre 1973 y 1985, en el periodo de la dictadura militar que asoló al país. Este pasado, pese al hecho de quedarse cada vez más lejano, todavía deja una gran herida en la sociedad: la impunidad de los responsables por los crímenes cometidos en esta época.

Lo votado y aprobado ayer por los senadores del Frente Amplio, la eliminación de la prescripción de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura (que podría entrar en vigor a partir del 1 de noviembre) y el restablecimiento del pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para estos delitos, devuelve a Uruguay condiciones de cicatrizar la herida que significa, actualmente, la no punición de los genocidas de la dictadura. Solo las "cabezas" del régimen, como los dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, fueron punidas.

Ahora faltará que Diputados corrobore la decisión de la mayoría de senadores, dando el último paso antes de que la justicia pueda empezar a investigar todos los abusos perpetrados por la Junta Militar que gobernó Uruguay durante doce años.

La oposición, que votó en contra del proyecto que acabó con la prescripción de los crímenes de la dictadura, tenía como principal argumento el hecho de que los uruguayos, en referendo, por dos veces, ya habían rechazado que los represores de la dictadura pudiesen ser juzgados.

Desde el Partido Nacional y del Partido Colorado se dice que volver a este tema es ir en dirección contraria a la democracia y la voluntad del pueblo.

De modo simplista se podría dar razón a la oposición. Al fin y al cabo, las veces en que los uruguayos fueran consultados a respecto del tema, decidieron mantener la Ley de Caducidad, aprobada por la neófita democracia uruguaya en 1986, que blindaba los juicios a los genocidas.

Entretanto, es deber del Estado llevar a cabo acciones que, aunque no teniendo respaldo popular, establezcan la justicia, que no puede estar a merced de mayorías o minorías. Esta obligación debe ser cumplida, incluso, por una cuestión internacional, ya que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos instó a Uruguay a juzgar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura.

Volver al pasado es esencial cuando el pasado todavía rebota en el presente. Quienes hacen parte del presente uruguayo deben ser sensibles para no permitir que el olvido sea recordado como la principal herencia de la dictadura militar. Los más atroces asesinos y torturadores que tiñeran de sangre y horror al país y quienes sufrieron en sus manos no se lo merecerían.

FUTURO INCIERTO EN EL FA

Esta ha sido la semana de las sorpresas en la vida política uruguaya. El ex presidente Tabaré Vázquez ha sido un verdadero Huevo Kinder. Primero por sus revelaciones sobre su pedido de ayuda, en 2006, al gobierno de EEUU, comandado, entonces, por George W. Bush (en términos internacionales el presidente americano más defenestrado de la historia) en caso de que Argentina llevase a cabo una, sin duda, irrealista acción militar contra sus vecinos rioplatenses. Segundo por la consecuencia que él propio ha extraído del aluvión de críticas que ha recibido (de la oposición y del FA), anunciando su retiro de la política activa.

La retirada de Vázquez podrá causar un gran problema en las perspectivas electorales del FA. Vázquez sería el candidato de la coalición en las elecciones presidenciales de 2014. Como terminó su periodo en la presidencia con un altísimo grado de aprobación, Vázquez sería favorito absoluto. Hasta esta semana la única duda en el FA era saber quién acompañaría a Vázquez como compañero de fórmula.

Si fuere confirmada la renuncia de Vázquez, el FA tendrá que encontrar su candidato, quizá, en las elecciones primarias (si no haya un acuerdo previo a éstas) tal como en las presidenciales de 2009. El problema es que nadie en el FA había, mínimamente, sopesado ser candidato a presidente, mientras la oposición ya tiene varios nombres en el calentamiento rumbo al escrutinio.

Lo más probable es que hubiese un enfrentamiento en las primarias del sector más progresista del FA contra el más conservador.

Aunque no sea seguro, sería del equipo gubernamental que saldría el candidato o los precandidatos. Los ministros son los más expuestos en los medios y cuyo trabajo puede relucir más, algo imprescindible para un respaldo electoral.

Quizá, la única no ministra que podría tener peso para una candidatura es la diputada Lucía Topolansky, que es hoy casi una portavoz informal del gobierno de su marido José Mujica. El nombre de Topolansky, incluso, estaba siendo discutido para ir junto a Vázquez como vice en 2014. Las pegas a una Topolansky candidata sería una posible comparación a la habitualmente criticada Argentina, cuya sucesión presidencial en 2007 fue cosa de familia (con posterior apoyo popular, claro).

Entre los ministros, los más populares serían los que más reunirían condiciones para ser el candidato frenteamplista. Por este prisma, según la empresa Datamedia, el ministro de Turismo y Deportes, Héctor Lescano saldría con una buena ventaja. Es el que tiene mayor aprobación (71%). Pero, Lescano tiene, en realidad, un perfil bajo y sus popularidad es advenida más de los éxitos de la selección uruguaya de fútbol. Pese a no tener participación directa en la AUF está siempre apareciendo en los medios por algo muy caro a los orientales.

De los demás ministros, los que siguen a Lescano en aprobación popular son Fernando Lorenzo (58%), de Economía; Enrique Pintado (56,5%), de Transportes; Tabaré Aguerre (55,1%), de Ganadería; y Daniel Olesker (49,9%) Desarrollo Social. Como la otra variante importante es el nivel de conocimiento de la ciudadanía, de éstos, Lorenzo, tal vez, sea el más favorecido, pues es conocido por 52,3% de la población.

Otro que podría ser especulado es el vicepresidente Danilo Astori, a despecho de un posible rechazo del ala más izquierdista del FA.

Entretanto, todo el misterio sobre la candidatura del FA en 2014 solo seguirá vigente si Vázquez mantuviere su palabra. Solo el futuro dirá si Vázquez mantendrá su salida de escena de la política o dará una vuelta atrás. La oposición, con el líder de la colorada Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry a la cabeza, ya dijo que no le cree en nada al oncólogo.

Mientras los opositores PC y PN, seguramente, “hincharán” por que Vázquez salga de la política, para aumentar sus posibilidades de ganarle al FA en 2014, éste estará pendiente de que Vázquez reconsidere su drástica decisión, para que pueda tener un camino más fácil en el próximo escrutinio.

¿PARA QUÉ FUERZAS ARMADAS EN URUGUAY?

“El Comandante de la Fuerza Aérea me dijo: ‘tenemos cinco aviones y combustible para 24 horas; si salen nuestros cinco aviones no vuelve ninguno’”. Así, Tabaré Vázquez se desahogaba ante los ex estudiantes del Colegio Monte VI. Con tan pobre material bélico Vázquez ponderó que no había otra que pedir socorro previo a EEUU si Argentina declarase guerra a Uruguay, en el segundo lustro de la década pasada, en razón de la instalación de la papelera ex Botnia (hoy UPM).

Más allá del disparatado temor del ex presidente oriental - hay que haber mucho más motivos para algo de la extremidad de una guerra que un conflicto ambiental, fundamentalmente entre países con tantas cosas en común - y del bochorno que significó arrodillarse ante un gobierno de poco respeto ante las leyes internacionales, como el del entonces mandatario americano George W. Bush, la confesión del oncólogo debe servir para la vuelta de un debate: la relevancia de Fuerzas Armadas en Uruguay.

Si las Fuerzas Armadas de un país solo le alcanzan para un día de combate en una imaginaria guerra, ¿por qué razón hay que mantenérselas?

Como muy bien ya aleccionó Óscar Arias, ex presidente de Costa Rica - una nación solo un poco más grande que Uruguay - al presidente José Mujica, en una carta enviada al jefe del ejecutivo uruguayo el año pasado, las Fuerzas Armadas, principalmente para un país pequeño, “son perversas”.

Costa Rica no tiene ejército desde 1948. Arias quiso sumar a Uruguay en un muy pequeño club de Estados sin Fuerzas Armadas. Serían los adalides de la paz.

En su misiva, Arias razonó que Uruguay “no gana nada con un aparato militar que jamás será más poderoso que el de sus vecinos, que además son países democráticos”. También dijo que “Uruguay no logrará jamás ganar una carrera armamentista contra Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela”.

La respuesta del gobierno (y de la oposición) fue que Uruguay necesita de Fuerzas Armadas para combatir problemas de frontera, como tráfico de drogas y de armas.

La solución a ese problema sugirió Arias en entrevistas a medios uruguayos sería encontrada en los cuerpos de policía, que podrían muy bien reemplazar al ejército en esta tarea.

Ciertamente la disolución de las Fuerzas Armadas encontraría resistencia en los propios componentes de éstas. Entretanto, no tendrían cómo oponerse si un gobierno llevase esto a cabo – excepción hecha si hiciesen un golpe de estado.

Como dijo Arias el combate que Uruguay deberá trazar es contra la “pobreza y la desigualdad”. Todos los recursos financieros hacen falta para este desafío, no pudiendo ser utilizados en cosas que no sirven para casi nada práctico, como las Fuezas Armadas.

La charla de Vázquez en Monte VI enseñó, aunque no hubiese sido esta su intención, que es en balde lo erogado con las Fuerzas Armada, mostrando así que el consejo de Arias estaba lleno de razón.

IZQUIERDA Y DERECHA MÁS ALLÁ DE JORGE BATLLE

En entrevista al diario El Observador esta semana, el ex presidente Jorge Battle dio la definición más infantil que he visto sobre qué es derecha y qué es izquierda. Según el ex líder colorado, gobierno de izquierda es “el que está a favor del pueblo” y gobierno de derecha es el que “le hace mal al pueblo”.

A continuación, Batlle dijo que el gobierno del Frente Amplio era de derecha porque, justamente, “le hace mal al pueblo." De risa, como mínimo.

Más allá de lo poco serio de la sentencia en sí, sorprende que haya partido de alguien más connotado con la derecha (no necesariamente la derecha como sinónimo de las tinieblas de su clasificación, pese a que su presidencia haya terminado de manera terrible en los indicadores sociales y económicos). Aunque sea verdad que la mayor parte de los políticos no les guste que sean considerados de derecha.

Los más a la izquierda no son la representación de lo bueno, ni los de la derecha la representación de lo malo. Y viceversa. La historia está llena de gobiernos asesinos tanto a la izquierda como a la derecha. Y gobiernos que dieron prosperidad a sus pueblos de ambos bandos.

Muchos dicen que hoy día siquiera es válido el concepto de derecha e izquierda. En general, quien razona así es gente de derecha, intentando proclamar el fin de la historia de las ideologías.

Es verdad que en la mayor parte de los países las alternativas con posibilidad concreta de vencer elecciones nacionales no presentan muchas diferencias. Pero, aun así, sigue siendo vigente la división inaugurada en el periodo previo a la Revolución Francesa de derecha e izquierda.

Quizá sea muy ambicioso precisar actualmente, de manera absoluta, qué partidos y políticos son de derecha o de izquierda. Lo ideal es hacer el análisis desde lo relativo. En Uruguay, por ejemplo, se puede interrogar si el Frente Amplio (FA) hace un gobierno de izquierda sin un jalón comparativo. Pero, pocas dudas habrá que sí es de izquierda si lo comparamos con los del Partido Colorado y del Partido Nacional.

Es sencillo y puede, incluso, parecer simplista hilvanar qué es derecha y qué es izquierda. Básicamente a la derecha están los que dan más prioridad a la libertad económica y financiera en detrimento de la igualdad social. Ya a la izquierda están los que dan más prioridad a la igualdad social en detrimento de la libertad económica y financiero. El grado de cada una de las respectivas posturas va a ubicar cuán más a la izquierda y cuán más a la derecha está un partido o un político.

Uruguay es de los pocos países de Sudamérica en que se puede dividir la vida política entre izquierda y derecha, aunque la mayoría de los partidos estén cerca del centro. Esto es fundamental para el elector, que puede tener como referencia las perspectivas de su candidato, si electo, cuando emite su voto. No por la bondad o la maldad que predice Batlle en la distinción de derecha e izquierda y sí por lo que es más prioritario en la acción ejecutiva o legislativa de acuerdo a esta vieja pero, todavía, válida separación ideológica.

TRABAJAR TAMBIÉN PUEDE SER UNA OBLIGACIÓN

La decisión del Ministerio de Salud Publica de Uruguay de obligar a que los anestesistas trabajen en los hospitales públicos en razón del gran atraso en la realización de cirugías por la carencia en el número de estos profesionales en una primera lectura puede ser visto como un ataque a la libertad individual.

Entretanto, lo que está en juego va más allá de la libertad que uno tiene en incorporarse o no en un trabajo. Las vidas que dependen de los profesionales de medicina hacen que estos tengan un deber cívico ante la población.

La responsabilidad de los médicos se torna ineludible principalmente porque la formación que la mayoría que estos adquieren es gracias a lo que aportan los uruguayos por medio de sus impuestos, ya que el grueso de los médicos es recibido por la Universidad de la República (UDELAR)

Los ingresos que el país destina para la UDELAR debe tener como contrapartida de la parte de sus egresados una mínima solidariedad hacia el pueblo.

En el futuro, claro, otras medidas deberían ser tomadas, como una mejor remuneración para los anestesistas en los hospitales públicos y, fundamentalmente, que haya más ingresados en la facultad de medicina de la UDELAR, con una flexibilización en el cupo para los anestesiólogos, que está creando una reserva de mercado de la cual se aprovechan los anestesistas estableciendo topes salariales que solo las mutuales pueden colmar.

De momento, la ley de emergencia sanitaria es lo único que se podría hacer para evitar el caos en el sistema público de salud oriental.

Hay situaciones en que el derecho de unos termina cuando empieza el derecho de otros.

CUANDO LO TACAÑO SUENA A LO ANTIÉTICO

El anuncio por parte del futuro presidente uruguayo, José Mujica, de que su toma de posesión sería financiada por medio de colectas de empresas privadas cayó como una bomba en la mayor parte del Frente Amplio, además de servir como blanco para ataques de la derecha opositora.

La polémica parece haberse concluido tras la determinación de que será el Estado uruguayo que pagará los gastos, según orden del saliente mandatario máximo oriental, Tabaré Vazquez. Es curioso que, justamente, la última erogación de su exitosa gestión haya propiciado tanta trifulca – aunque sea Mujica y no Vazquez el responsable por ella.

El enfado de Mujica por la contrariedad de sus aliados llegó a tal punto que, incluso, llamó a una emisión radial para contrarrestar las palabras del coordinador del sindicato PIT-CNT, Juan Castillo, acérrimo opositor del anuncio del Pepe.

Mujica, en su habitual tono campechano, dijo que no se vendería por $ 15000. Y que solamente no quería que fuese el pueblo chárrua que tuviese que pagar los encargos de su pose.

De hecho, su historial remoto y reciente no avala sospechas sobre la integridad y el carácter probo del antiguo guerrillero tupamaro.

La conclusión que llego sobre la voluntad de Mujica es que pecó por el mayor problema advenido del espíritu tacaño (una de las grandes marcas de los uruguayos para lo bueno y para lo malo), la miopía a respecto de los gastos.

Ser tacaño, en si, no es ni malo ni bueno. Depende de cómo y en qué situación uno ejerce la cautela en los gastos. Tanto en el plano personal como en el colectivo.

Cuando alguien es excesivamente prudente en gastar con comida, por ejemplo, puede en el futuro tener serios problemas de desnutrición.

En el caso de los gastos de la toma de posesión, la cuestión anida en lo ético. Mujica debería tener en la cabeza el notorio mandamiento para cualquier administrador público: “La mujer de César no debe ser solamente honesta. Debe también parecer ser honesta”.

Que empresas hiciesen esta donación para la realización de la pose crearía una situación que olería a la promiscuidad, pese a la credibilidad de Mujica, aunque solamente oliese, justamente por esta credibilidad.

En mi opinión lo mejor siquiera fue lo decidido por Vazquez, que los gastos vengan del presupuesto de la nación, que acarreará una erogación de $ 200.000

Los dirigentes del Frente Amplio habrían demostrado un dignísimo ejemplo por una de estas dos alternativas: que el pase de mandato fuese simplemente un acto protocolario, con gastos mínimos. Al fin y al cabo, que la toma de posesión posea un carácter de gran evento (aunque ni por asomo se compare a la grandiosidad de las tomas de posesión en otros países) no mejorará la vida de nadie. Siendo que los gastos públicos deben tener como finalidad esencialmente esto. Y la otra alternativa sería que la toma de posesión fuese financiada, si quieren algo de festivo, por los propios partidos que componen el Frente Amplio.

Ciertamente cualquiera de las dos sugerencias sería aplaudida por el pueblo uruguayo. Pues, entonces, la tacañería en pro de los ciudadanos sería bien aplicada.

Palabras de un tacaño confieso.